Sentencias

Según los datos de la Seguridad Social 6.645 de las 6.789 personas perjudicadas por esta norma de incompatibilidad entre jubilación y viudedad son mujeres.

Hacienda contabilizó como si la familia hubiera recibido 152.938,60 euros pero la mujer explicó que nunca había cobrado ese dinero sino que era una valoración fiscal a una VPO.

El trabajador defendió que su jefe le había permitido ampliar las vacaciones verbalmente, pero no quedó acreditado que tuviera autorización.

La trabajadora presentó dos demandas: una por impago del salario y posteriormente otra porque su centro de trabajo cerró y estuvo sin actividad.

La hija se negó a abandonar la vivienda alegando que su madre le había dado permiso para quedarse durante diez años, pero el Tribunal Supremo considera que ese acuerdo no podía imponerse al padre, que era quien tenía el uso de la casa.

El tribunal rechaza que exista vulnerabilidad porque el hombre percibe dos prestaciones simultáneas y mantendrán la retención mensual de 288,53 euros.

Aunque los propietarios utilizaban habitualmente WhatsApp para comunicarse, la convocatoria a la junta no cumplía los requisitos de la Ley de Propiedad Horizontal.

El SEPE aplicó un interés del 3,25% a parte del dinero que el solicitante tenía ahorrado, aunque no le generara beneficios, para comprobar si superaba el límite de rentas del 75% del SMI.

Hubo una sucesión empresarial y no una extinción real del contrato porque tres días después de su despido continuó trabajando con la nueva empresa en el mismo puesto.

La maestra padecía bloqueos mentales lo que la incapacitaba para su profesión habitual, pero la Seguridad Social no le reconocía la pensión.

La justicia anula la resolución de Muface tras demostrarse con informes periciales que requiere la ayuda de una tercera persona para las actividades básicas de la vida diaria.

La Seguridad Social la propuso para una incapacidad permanente tras agotar los 545 de incapacidad temporal.

El inmueble estaba tapiado, abandonado y deteriorado, y las filtraciones de agua habían provocado humedades en las escaleras del edificio colindante.

Aunque su cese fue lícito porque se cubrió su plaza de forma reglamentaria, hubo un abuso de la temporalidad y tiene derecho a una indemnización equivalente a la del despido objetivo.

Aunque el cierre se produjo en marzo, el tribunal fijó el 30 de abril como fecha para empezar a contar el plazo de reclamación, por ser cuando tuvo conocimiento de que se había puesto fin a su contrato.

Aunque la propietaria toleró durante casi 19 años que utilizaran una puerta que daba a su finca, la escritura de segregación no reconocía ninguna servidumbre y los vecinos podían acceder a su terreno directamente desde la vía pública.

El padre lo dejó sin herencia por una “ausencia manifiesta y continuada de relación familiar” imputable al hijo, pero el resto de herederos no consiguieron demostrarla.

La mujer aseguraba que el dinero que recibía era por gestionar el patrimonio familiar, pero la justicia considera que eran liberalidades que debían tenerse en cuenta al repartir la herencia.

La justicia determina que su conducta no es lo suficientemente grave para aplicar el despido disciplinario.

La propietaria defendía que los árboles ya estaban allí cuando los vecinos compraron y que llevaban más de 20 años plantados, pero eso no impide exigir que respeten las distancias establecidas.

Los pensionistas no están obligados a devolver las cantidades cobradas indebidamente por el retraso y la inacción de la propia Administración.

Contaba con 47 quejas de usuarios en poco más de tres meses.

La entrega de las llaves acreditó la devolución de la vivienda y, aunque no fueran las originales, el propietario solo podría reclamar el coste de cambiar la cerradura.

Tampoco podrá acceder durante cinco años a ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de programas de empleo o formación profesional para el empleo.

Los desempleados no deben pagar los errores del SEPE cuando actúan de buena fe.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia que compartir domicilio no es bastante para formar una unidad de convivencia y que los fallos administrativos no pueden perjudicar al beneficiario.

El TSJ de Madrid exime de la obligación de devolver los 28.603,10 euros tras determinar que el hombre siempre actúo de buena fe.

Este estado le impide asumir las exigencias de carga mental, toma de decisiones y atención al público de su profesión habitual.

El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores obliga a las empresas a abrir un proceso de negociación que se debe resolver en 15 días.

La artrosis de su pierna sumado a los antecedentes de trombosis, le limitaba el poder levantar pesos o permanecer de pie de forma continuada.

El tribunal aclara que un error administrativo no exime de devolver la cantidad cobrada de más, ya que el reintegro no deja al pensionista en situación de vulnerabilidad económica.

Limpiar los aseos excede de sus funciones y los exponen a riesgos biológicos que requieren medios y medidas específicas.

La cantidad adicional elevaba la indemnización de 20 a 60 días por año trabajado, pero el tribunal considera que ese dinero nació del acuerdo y no se fue generando durante los años de servicio.

El tribunal entiende que, si se saca dinero de la cuenta de una persona antes de su fallecimiento, es obligatorio justificar su destino.

Es suficiente con que exista una situación impredecible que requiera la presencia inmediata del trabajador para poder iniciar el permiso.

La comunicación fue válida porque el propietario avisó con más de dos meses de antelación, explicó que necesitaba la casa para su hijo y la inquilina ya conocía la situación por WhatsApp.

La obligación de reincorporarse al puesto de trabajo nace a partir de la comunicación personal y efectiva del alta médica.

La tubería estaba enterrada bajo el suelo y el comprador alegaba que disminuía el valor del terreno.

Para que la multa fuera válida con ese radar, debían existir dos fotogramas tomados en momentos distintos.

Hubo una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza, que se acentuaba aún más por su puesto de gerente.

El Tribunal Supremo señala que, según la “tesis subjetiva”, no basta con acreditar la ceguera total, sino que es imprescindible demostrar la necesidad real de asistencia de una tercera persona.

La mujer conocía el PIN porque trabajaba cuidando a la anciana y la acompañaba, entre otras cosas, a realizar gestiones bancarias.

La inexperiencia de la comisión interna tampoco justifica mantener el expediente paralizado durante casi cinco meses.

El contrato establecía una duración mínima de un año, pero los arrendatarios entregaron las llaves apenas tres meses y medio después.

El hombre mantenía un conflicto con los vecinos por una servidumbre de paso y los lindes de las fincas y defendía que la valla ya estaba cortada cuando llegó, pero un vídeo mostraba el momento exacto en el que la dañaba.

El Alto Tribunal explica que el tratamiento ocupa a lo largo de las semana 12:45 horas a semana, por lo que la jornada laboral puede cubierta perfectamente por el trabajador.

El trabajador no recurrió la resolución del SEPE que revisó su prestación, por lo que la justicia no puede discutir si legalmente había motivos para retirarle la ayuda.

Contaba con un certificado médico que la eximía de usarla pero la empresa no le adaptó el puesto y hubo tensiones con sus compañeros.

La justicia confirma que su despido disciplinario es procedente por transgresión de la buena fe contractual.

Aunque cuando se instaló el ascensor quedaron fuera de sus gastos porque no podían utilizarlo, años después se les permitió el acceso y no impugnaron el acuerdo de la comunidad que les reclamaba la derrama.

El Tribunal Supremo ha corregido a la Seguridad Social, recordando que no se puede denegar la pensión exigiendo estar inscritos oficialmente con dos años de antelación cuando la ley no dio un margen de tiempo para hacerlo.

Que hubiera construcciones similares toleradas por el Ayuntamiento no implica que puedan hacerse nuevas construcciones que incumplen la normativa urbanística de la zona.

El Tribunal señala que, si bien este periodo se puede usar para la jubilación anticipada, no vale ni para la jubilación ordinaria ni para el SOVI.

Se reconoce que la ansiedad de la empleada tuvo un origen “reactivo” por la persistencia de riesgos en su puesto y la negativa de la mutua a reconocer sus bajas como accidente laboral.

Aunque el contrato establecía expresamente que este impuesto corría de su cuenta, el alquiler comenzó el 21 de enero, cuando el IBI de ese año ya se había devengado.

Las empresas no pueden denegar derechos por el tipo de contrato pues carece de toda justificación objetiva, razonable y proporcionada,

La falta de señalización y el mal estado del badén influyeron en el accidente, pero también que una conducción más atenta y a menor velocidad habría reducido los daños.

El trato degradante de forma cotinuada, con expresiones indecorosas, “picantes” y “obscenas”, es una vulneración del derecho a la dignidad e integridad moral.

El contrato establecía una duración inicial de 10 años y después prórrogas anuales de hasta otros 10 años.

La LPH establece que son los propietarios quienes están legitimados para impugnar los acuerdos de la comunidad, y este lo hizo una vez que había vendido la vivienda.